Insertamos el Nº 41, junio de 2005 de EL CAMINO publicado por el mismo responsable de
Avanzada:
EL CAMINO, Órgano de opinión del MOIR, línea Francisco Mosquera, Capítulo Boyacá. Nº 41. Tunja, junio 2005. Responsable: Juvenal
Ardila A.
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SI DE DEUDA EXTERNA HABLAMOS, NO PAGARLA ES LA CONSIGNA
La intervención del senador Robledo en la plenaria del Senado (19 de abril /2005), proponiéndole al Gobierno prepagar deuda externa con recursos de las Reservas internacionales, muestra el foso hasta donde han caído quienes aún se reclaman herederos de Francisco Mosquera. El Jefe revolucionario no dejó pasar escrito suyo sin que fustigara los empréstitos internacionales como instrumentos de dominación de las potencias, y los reembolsos como pruebas de sumisión de la oligarquía gobernante y coadyuvantes del pobre desarrollo económico nacional; veamos algunos ejemplos copiados del libro Resistencia Civil, 1995, compendio de varios de sus escritos:
“Se descarta que los países entrampados sean capaces, antes del próximo siglo, de cubrir sus pasivos, emprender el desarrollo y suavizar las tensiones. Si no progresaron mientras recibieron los empréstitos, mucho menos a la hora de restituirlos. El dilema se ha reducido a lo siguiente: si cancelan no comen; y si no comen ¿quién cancela?” (Causas y efectos de la última crisis. Septiembre de 1984, pag. 301).
“A causa de este factor (el servicio de deuda externa), sencillo y a la vez complejo, muchas cosas trascendentales están comprometidas: las finanzas públicas, el desarrollo económico, el bienestar del pueblo, la autodeterminación nacional. El país ha sido entrampado y sin contraprestación ninguna”; (Secundamos la protesta de las cuatro centrales obreras, febrero de 1989, pag. 393).
“En su anárquico desenvolvimiento, la deuda externa acabó apuntalando su doble importancia como idóneo canal de extracción de la riqueza y como eficaz medio de imposición de medidas a los estados, valga decir, el desvalijamiento y el vasallaje”; (Omnia consumata sunt, noviembre de 1990, pag. 439).
“…de una deuda externa cuyo servicio representa el mayor escollo para el crecimiento nacional”, escribía Mosquera en 1990 en su artículo 27 de mayo, otro 11 de marzo (Ver, Resistencia Civil, pag. 416). Aquel año, el saldo de la deuda no llegaba a los US$ 17.000 millones (hoy es de US$ 39.000) y en el período 1993 - 2004 se han abonado US$ 47.000 millones (el triple de lo que se debía). Si a estas cifras agregamos el desbarajuste económico de hoy, la desindustrialización, la ruina del campo, el millón de hectáreas dejadas de cultivar, el bajo crecimiento del PIB respecto de las décadas cepalinas, el desempleo y subempleo, los niveles de miseria actuales y tantas otras estadísticas oficiales, no hay duda, podemos traducir la afirmación de Mosquera como: mientras más cumplidos somos con los agiotistas internacionales, más arruinado está el país y hambrienta su población.
El dinero de los créditos no se ha utilizado en asuntos de interés nacional, la forma de gastarlos viene dada con las condiciones del crédito y favorece a las metrópolis. Con los desembolsos nunca nos permitieron fomentar la agricultura o la industria, en cambio nos obligaron a invertir en obras suntuarias o faraónicas (ej: hidroeléctrica El Guavio de inconveniencia nacional probada con el apagón gavirista). Así mismo, las condiciones de crédito exigen severos ajustes contra el bolsillo ciudadano: incremento de tarifas, nuevos tributos, alza de precios, importaciones innecesarias, aprobación de leyes en el Congreso, fallos a favor de las multinacionales en las altas cortes, contratos leoninos y mil imposiciones más. De remate, buena tajada de los empréstitos fue a parar al bolsillo de los corruptos. De este prontuario, una conclusión salta a la vista: el pueblo colombiano no debe.
No debemos, ¡nos deben! ¿Por qué insinuar siquiera que paguemos deuda externa cuando hoy en día ya no es menester ser marxista para entender que los países del tercer mundo no son los deudores sino los acreedores? En efecto, numerosos economistas, basados en las estadísticas, prueban que las transferencias del Sur hacia el Norte son superiores a los desembolsos por nuevos préstamos. Que lo que hoy nos prestan no alcanza a cubrir el servicio anual de la deuda. Que sacamos prestado para pagar. Y que por supuesto quienes prestan a un interés, hoy del 7%, son los mismos que disponen de nuestras reservas internacionales por las que escasamente nos pagan el 2%. En reciente conferencia del profesor y dirigente sindical belga, Eric Toussaint, que reseña la edición Nº 9 de la revista Nueva Gaceta, leemos que entre 1996 y 2003, América Latina transfirió de demás a sus acreedores la bicoca de US$ 300.000 millones y que entre 1980 y 2003 desembolsó siete veces lo que debía en 1980 y aún así, se encuentra endeudada diez veces más. ¿Debemos? Definitivamente ¡no! Pero el senador Robledo del Moir, de Alternativa Democrática, y haciendo cola ante el PDI, pide que paguemos por adelantado para ahorrarnos unos cuantos millones en intereses.
Del presupuesto nacional de $93 billones aprobado para el año 2005, $35.4 billones (el 38%) se destinarán al rubro servicio de la deuda; cantidad que casi equivale al recaudo anual de impuestos. Más patético aún resulta descubrir que los ingresos corrientes de la nación escasamente financian el 50% del presupuesto de gastos, y que hay que pedir prestada una suma superior a los $ 35 billones que se van a pagar (a menos que pongan a funcionar la maquinita de hacer billetes). Una conclusión de lo anterior es que el tan cacareado déficit fiscal, a nombre del cual reducen salarios, disminuyen trasferencias, cierran hospitales, liquidan empresas, eliminan
subsidios o incrementan tarifas, matrículas y tributos, en realidad tiene origen en los pagos a la deuda externa. No obstante, el otrora mosquerista, senador Robledo, clama porque se adelanten los pagos. Definitivamente, Uribe Vélez, en materia económica, no necesita recurrir a sus parlamentarios adeptos, en la bancada opositora, los encuentra fácil.
De revolucionarios a reformistas: Cuando las centrales obreras, en una demostración de fecunda prosa reivindicativa, hace unos años le presentaban al entonces ministro de hacienda, Juan Camilo Restrepo, un pliego de 42 peticiones -que de no negociarse desembocaría en paro cívico nacional- inserto en el petitorio figuraba la moratoria de la deuda externa; el Ministro les contestó que con mucho gustó se sentaría a negociar, pero en lo correspondiente al cumplimiento con los acreedores nada había que hablar. No hubo paro, tampoco negociación, pero quedó claro que la entrega de la clase gobernante a los agiotistas internacionales (FMI, BM, BIRF, etc.) es total y vertical, y contra esa posición no hay reformita que valga. En lo pertinente, la lucha popular válida, ha de ser por el desconocimiento y no pago de la deuda externa, porque pagando se condena al país al atraso y la miseria. O para ponerlo en términos de Mosquera, quien refiriéndose al frente antiimperialista escribía que su programa debe romper toda coyunda del extranjero (Causas y efectos de la última crisis, 1984. Resistencia Civil, pag. 329). Según los postmosqueristas reformistas, la deuda externa no es coyunda, maridaje, sumisión, sujeción o dependencia del extranjero, es un compromiso inalienable y pagar pronto es lo mandado.
A PROPOSITO DEL PRETENDIDO CONGRESO NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Se encuentra en la página de internet del MOIR la convocatoria a este aludido Congreso. Exponemos las razones que nos separan del evento, examinando brevemente los objetivos que formulan.
A partir de la Ley 142/94, la clase gobernante convirtió los servicios públicos en negocio privado, derivando de ello los dolorosos de los usuarios: altas tarifas, cuestionable calidad y abusos por doquier de los prestadores para obtener la máxima ganancia; no obstante, lean lo que se propone el Congreso de marras “…alcanzar profundas trasformaciones que conduzcan a que los servicios públicos domiciliarios sean en la realidad derechos fundamentales de los colombianos”. ¿De qué manual de economía política sacaron estos señores que el capitalismo, monopolista además, lejos de montar negocios signados con la ley de máxima ganancia, prefiere prestar servicios, de contera fundamentales? Cuánto glamour expele esta plataforma de lucha que resigna los anhelos de los usuarios a agregar un nuevo derecho fundamental a los 31 del Título II de la demagógica, neoliberal y privatizadora Constitución del 91.
Más atando cabos, todo es coherente con el oportunismo en boga ejercitado por la Gran Coalición Democrática (GCD), en la que confluyen Alternativa Democrática y tantos del PDI; se trata de que el parloteo en defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución suene agradable al oído de la gran prensa que ha de salvarles las curules y personerías jurídicas. Y es que sin estas ¡qué horror¡ se les acabó el mundo. Repasando la lista de convocantes, el mencionado Congreso bien puede ser una edición más del trance electoral en que anda la GCD.
El camino más expedito para obtener servicios baratos y de calidad que, repito, son los dolorosos del usuario, parte de que a los prestadores no los inspire la máxima ganancia, lo que, ¿quién más que el Estado puede hacer?; y para lograrlo, expropiar a los monopolios privados es ineludible.
Analizar esto y analizar aquello; analizar lo humano y también lo divino, son objetivos adicionales del glamoroso Concilio, en una apretada agenda de unas cuantas horas para que el tiempo alcance sólo para los discursos de tanto personaje urgido de votos. Por supuesto que los usuarios necesitan de una organización, de un Frente amplio, el cual debemos construir e invitamos a construir en cada ciudad, y que se junten regional y nacionalmente en la medida que consignas y objetivos vayan decantando en un programa, depurado de oportunismo: contra la privatización y por la expropiación de las empresas de servicios, de tal suerte que vuelvan a ser estatales para exigirles servicios de calidad y de bajo costo hoy, pero en un futuro, gratuitos.
En este sentido, resulta oportuno plantearles el fortalecimiento del Comité Cívico de Tunja, hasta ahora combativo y representativo, desde hace 10 años, de la lucha en la capital boyacense por la defensa de los usuarios de los servicios públicos. Y del orden nacional, en los términos y programa expuestos, está la Asociación por la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSEP) con sede en Bogotá, calle 34 Nº 22-08,Telefax: 0912686446, Personería Jurídica S-0009504 expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá. La invitación es a conformar sus seccionales locales y regionales con dirigentes dispuestos y en permanente preparación para conducir la rebeldía de los usuarios.
______________________________Addenda: El incremento de la tarifa del transporte urbano en $100, que equivale a un 14.28% (casi el triple del índice de inflación), es una consecuencia del fallido paro cívico. La lucha de clases es así, el Alcalde aprovecha y le cobra al pueblo su desmovilización.
